Septiembre y octubre en Chile, están marcados históricamente por la actividad delictiva del Estado en contra de la población, levantando su mano armada contra su pueblo, al que juraron defender. Es una memoria trágica en que la traición del poder mostró su peor rostro, con la complicidad del poder judicial que tampoco fue capaz de cautelar la vida y la integridad de su pueblo, desconociendo su función básica, y apoyando en la práctica una mancha de impunidad en nuestra nación. Hoy se trata de minimizar y hasta negar lo que no se puede ocultar. Un Pueblo sin memoria, abre la puerta a la repetición de la barbarie. En este contexto debemos reconocer el trabajo valiente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), sin ellas y ellos no habría sido posible mantener en la memoria colectiva, las vidas concretas de las víctimas de la infamia.
Durante los 16 años y 6 meses que duró la dictadura cívico-militar en Chile, hubo 2123 personas asesinadas y a la fecha existen 1093 personas detenidas desaparecidas cuyo destino final aún se desconoce. En total, fueron 3216 personas ejecutadas o hechas desaparecer por el régimen. De estas cifras globales tenemos que en promedio se asesinó o se hizo desaparecer a 195 personas al año o 16 personas al mes. Si esto no logra dar una idea de lo que significó, pensemos que equivale a la muerte o desaparición de una persona cada dos días (estudio de Mauricio Fuentes, en base a los datos disponibles en el sitio web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos).
Los Sitios de Memoria: lugares de tortura, asesinatos y desapariciones de personas perpetrados por agentes del Estado de Chile como Villa Grimaldi; Londres 38; Estadio Nacional; Corporación Tres y Cuatro Álamos; Casa Museo Alberto Bachelet /Nido 20; Memorial Lonquén; Memorial Paine; Venda Sexy; Estadio Víctor Jara /Ex Estadio Chile; El Cuartel Borgoño; Colonia Dignidad; La Providencia, Antofagasta; Hogar El Buen Pastor de La Serena; Campo de Concentración Chacabuco; Ex Clínica Santa Lucía, también dan cuenta del atropello extremo de los derechos humanos en nuestro país y de la pasividad de quienes deben aplicar la justicia.
Impunidad en los casos de las víctimas de la revuelta popular de 2019
Según nos ilustra el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de más de 3 mil querellas, aún abiertas, menos de 300 han sido formalizadas. Peor aún, de más de 3 mil quinientas víctimas por la violencia de agentes del Estado, a la fecha casi mil cuatrocientas personas ni siquiera fueron citadas por el Ministerio Público para, al menos, escuchar su denuncia de primera mano. Las querellas buscan justicia por asesinatos, torturas y violencia innecesaria, con especificaciones de traumas oculares, lesiones en otras partes del cuerpo, maltrato psicológico grave y más de 500 víctimas de violencia sexual. De estas víctimas casi 600 son niñas, niños y adolescentes. Este año 2025, más del 90% de los casos fueron cerrados sin formalización a los agentes del Estado que cometieron los delitos, debido a que no se lograron reunir los antecedentes suficientes para sostener las investigaciones.
La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular (CVTO), develó el año 2024, que, a esa fecha, tres personas víctimas de daños se han suicidado pos estallido social: Jorge Salvo, Patricio Pardo y Jonathan Vega. Una nueva víctima se sumó a la lista, Sebastián Méndez, decidió acabar con su vida, transformándose en el cuarto caso de esta índole. Este 21 de septiembre de 2025 se suicidó David Gómez Valenzuela, joven poblador de La Granja y preso político del Estallido Social.
Vulneraciones de niñas, niños y adolescentes
En dictadura, según los informes de la Comisión Valech, las víctimas de prisión política y tortura menores de 18 años, al momento de la detención, ascienden a 956. Según el informe Rettig se ejecutó al menos a 307 menores. Muchos de estos niños fueron detenidos junto a sus padres, mujeres embarazadas dieron a luz y otras abortaron, muchos fueron dados en adopción y enviados al extranjero – Colonia Dignidad fue uno de los vínculos trágicos. Y tampoco podemos olvidar a niños y niñas que fueron víctimas del exilio, con prohibición de ingreso al país. (https://amnistia.cl/amnistiadice-dia-del-nino-a-cuando-la-dictadura-masacro-la-infancia/)
Actualmente, en Chile las cifras son escalofriantes en cuanto a la vulneración de nuestras niñeces tanto por sus familias, como por el Estado con su nueva institucionalidad, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (conocida como «Mejor Niñez»), con dependencia del Ministerio de Desarrollo Social.
Y Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el cual todavía está en implementación a nivel nacional, a contar de enero 2026 quedaría funcionando en todo Chile. Ese mes, desaparece Sename. Este Servicio depende del Ministerio de Justicia.
Además de las críticas al funcionamiento de estos nuevos Servicios y sus colaboradores, debe prestarse atención a que el Servicio de Protección registra un aumento de un 72% de bebés en residencias. La paradoja es que la tasa de natalidad es la más baja de la historia y el número de NNA que llegan al sistema de protección está aumentando mucho más allá de lo previsto. Eso es un indicador de que algo está fallando a nivel social y es multifactorial; por supuesto, los factores decisivos son la pobreza, la drogadicción, la delincuencia, la migración ilegal, etc.
Un desglose por temas nos indica cifras alarmantes. Pobreza por ingresos: El 10,5% de los niños vive en pobreza por ingresos, y el 3,2% en pobreza extrema. Pobreza multidimensional: un 18,4% de los niños se encuentra en hogares con pobreza multidimensional. Condiciones de vivienda: un 41% de los niños y niñas presenta al menos un problema de vivienda, como hacinamiento, lo que afecta su desarrollo. Trabajo Infantil y Protección del Estado: el 15,5% de los niños, niñas y adolescentes está en situación de trabajo infantil, de acuerdo con un informe de UNICEF de 2025. Protección del Estado: aproximadamente 175 mil niños están en programas ambulatorios o de protección del Estado debido a situaciones de vulnerabilidad. Salud y Bienestar; Violencia sexual: se han registrado 89 interrupciones de embarazo en niñas y adolescentes en 2024, el 88% de ellas por violación, siendo un 58% de los casos niñas menores de 14 años. Salud mental: la salud mental de los niños se ve comprometida por las deficientes condiciones de vivienda, según un informe de Cooperativa Ciencia (Fuente https://www.unicef.org/chile/informes/datos-y-estadisticas-de-ninez-y-adolescencia-en-chile-2025
Vulneraciones al pueblo Mapuche
El principal «tratado» con el pueblo Mapuche es el Tratado de Tapihue de 1825, un acuerdo de paz y cooperación que se firmó para poner fin a los conflictos entre el Estado chileno y los líderes mapuches, estableciendo el río Biobío como frontera y reconociendo autoridades mapuches. Sin embargo, a pesar de ser considerado vigente por algunos, el Estado chileno lo ha vulnerado incumpliendo con los compromisos de este tratado histórico, lo que ha generado conflictos que siguen hasta la actualidad. El conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile tiene un punto de inflexión en 1866 cuando se dicta la ley más importante del proceso de reducción y pacificación del pueblo Mapuche (1861 – 1883) que establece la fundación de poblaciones en territorios indígenas y dictamina normas para la enajenación de las propiedades, declarando por esta vía propiedad fiscal todos los territorios al sur del Biobío, tierras Mapuche que, durante siglos, habían tenido bastante autonomía del poder central y que eran de sumo interés para el Estado chileno.
Hitos post Dictadura cívico militar: Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (Lagos), Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía (Bachelet), Plan Araucanía (Piñera) y Plan Buen Vivir (Boric) son el recuento de “espacios de diálogo” con hermosos nombres, desde el ejecutivo del Estado Chileno en los gobiernos pos dictadura cívico – militar. Intentos, en el transcurso de más de dos décadas, en que los indicadores de pobreza de la población (casi duplicando la media del país) son inversamente proporcionales a las millonarias ganancias de las empresas forestales en manos de los grupos económicos de la élite del país, beneficiadas por la usurpación de territorios Mapuche más los subsidios estatales para su operación industrial y comercial.
Más de 3 años de una prórroga aberrante del “Estado de Excepción Constitucional” que rige en la región de La Araucanía y dos provincias de la región de Biobío, presentadas desde el gobierno de Boric y avaladas desde el Congreso Nacional con los votos de los partidos tradicionales, tanto de gobierno como de oposición. Esto ha permitido que las FFAA estén desplegadas desde el lunes 16 de mayo de 2022 hasta el día de hoy, sin tener a la vista que tal situación de militarización del territorio Mapuche pueda terminar, evidenciando otro rasgo característico de los gobiernos “democráticos”: el uso del ejército por parte de los gobiernos de Bachelet, Piñera y el actual de Boric.
DDHH desde perspectiva humanista
“Los derechos humanos no tienen la vigencia universal que sería deseable porque no dependen del poder universal del ser humano, sino del poder de una parte sobre el todo. Si los más elementales reclamos sobre el gobierno del propio cuerpo son pisoteados en todas las latitudes, solo podemos hablar de aspiraciones que tendrán que convertirse en derechos. Los derechos humanos no pertenecen al pasado, están allí en el futuro succionando la intencionalidad, alimentando una lucha que se reaviva en cada nueva violación al destino del hombre. Por esto, todo reclamo que se haga a favor de ellos tiene sentido porque muestra a los poderes actuales que no son omnipotentes y que no tienen controlado el futuro.” (Silo, en el libro Cartas a mis amigos)
Redacción colaborativa:
- Angélica Alvear Montecinos, Guillermo Garcés Parada, César Anguita Sanhueza, Ricardo Lisboa Henríquez, Sandra Arriola Oporto, Claudio Medina Briones.
Comisión de Opinión Pública
Partido Humanista