A tan solo 150 millas náuticas de la franja de Gaza, la Flotilla Global Sumud—integrada por cerca de 50 barcos y activistas humanitarios de 44 países—navega bajo máxima alerta ante el anuncio oficial de que será interceptada por la marina israelí. La misión, que busca entregar ayuda humanitaria y romper el asedio ilegal contra Gaza, representa, una vez más, el choque frontal entre la legalidad internacional y la política de fuerza de Israel.
Amparándose en una doctrina de seguridad, Israel sostiene la legitimidad de su bloqueo y la prerrogativa de interceptar convoyes civiles en aguas internacionales, a pesar de que esto constituye una violación explícita del derecho marítimo y humanitario reconocido por las Naciones Unidas y el derecho consuetudinario internacional. El precedente histórico es claro: las flotillas anteriores han sido abordadas, detenidas y remolcadas por la fuerza, sus tripulantes expuestos al arresto y, en ocasiones, a la violencia.
Lo más grave, sin embargo, es el silencio y la parálisis cómplice del resto de los países. Las llamadas diplomáticas de apoyo a la Flotilla Sumud quedan en palabras vacías frente a la ausencia de medidas concretas para proteger a las embarcaciones, exigir a Israel el respeto a la legalidad internacional, o siquiera enviar observadores independientes. La marina turca y la Media Luna Roja se han erigido en solitarios garantes de la asistencia y la protección, mientras las potencias de Occidente miran hacia otro lado.
El atropello sistemático a la legislación internacional por parte de Israel no solo vulnera a los activistas y a la población de Gaza, sino que desnuda la crisis de legitimidad y autoridad de un sistema internacional que tolera bloqueos, asedios y violencia contra civiles bajo el pretexto de una “seguridad” eternamente invocada. En el Mediterráneo, la Flotilla Sumud documenta su travesía, denuncia el bloqueo y expone, con cada milla navegada, el escándalo de una comunidad global paralizada y cómplice ante el sufrimiento palestino.