(Bagnolet, 30 de septiembre) A una semana del inicio del Paro Nacional convocado por el movimiento indígena, junto con otros sectores sociales organizados de Ecuador; trabajadores, estudiantes, mujeres y sindicatos, en respuesta a las medidas de ajuste económico. Como La Vía Campesina nos unimos a la voz de lucha y denuncia que busca alertar sobre los graves impactos del neoliberalismo en la vida de la población, contra los acuerdos antidemocráticos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Exigimos el cese a la represión, a la criminalización y a los proyectos extractivos que atentan contra la vida de las personas y de la naturaleza.
Ratificamos que en el Ecuador, el derecho a la resistencia está consagrado en el Artículo 98 de la Constitución de 2008. Denunciamos las maniobras políticas de Daniel Noboa de llamar a una Consulta Popular y convocar a una Asamblea Constituyente para consolidar un régimen autoritario y perpetuar un modelo que atropella los derechos legítimos de los pueblos. El referendo busca permitir la instalación de bases militares extranjeras y eliminar la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas.
Además, la Constitución vigente, de 2008, no solo reconoce los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino que otorga el derecho a tomar decisiones sobre sus territorios para evitar los impactos de las industrias extractivas y conservar su cultura, a la vez, es la primera constitución en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza. Acabar con la actual constitución, significa cero Reforma Agraria para el campesinado y eliminar todos los derechos colectivos, la Soberanía Alimentaria y la Economía Popular y solidaria. El objetivo es apoderase de todos los bienes naturales, tierra, agua, minerales y la biodiversidad y entregar a los poderes capitalistas empresariales tanto a nivel nacional como transnacional.
Aunque el detonante de las actuales movilizaciones fue el retiro del subsidio del diésel, las organizaciones han indicado que este hecho encarece el transporte, la producción campesina y los alimentos, profundizando la pobreza y la desigualdad, fomentando el hambre en el campo y en las ciudades. Mientras, el gobierno evade las verdaderas soluciones a la inseguridad, el desempleo y el costo de vida aumenta para los sectores populares y empobrecidos. Asimismo, se prevé el incremento del gas de uso doméstico, y la privatización del Instituto de Seguridad Social y Seguro Campesino.
Durante estos 7 días, la respuesta del Gobierno ha sido el uso desmedido de la fuerza estatal, no solo para criminalizar la protesta, sino también para infundir terror en la población. Llamamos a la comunidad internacional a estar atentos ante el tenso clima político que vive el país, es urgente que cese la represión y la criminalización. Alertamos sobre el grave riesgo que enfrenta la democracia en el Ecuador, y exigimos que la ejecución extrajudicial de Efraín Fuerez, comunero indígena, quien recibió tres impactos de bala no quede en la impunidad Repudiamos enérgicamente la utilización de las Fuerzas Militares para reprimir a las poblaciones. Además, pedimos la liberación inmediata de los 12 procesados de Otavalo, quienes fueron traslados ilegalmente a cárceles en Manabí y Esmeraldas.
Hacemos eco de las denuncias de organizaciones de derechos humanos, que han registrado graves violaciones de derechos como: detenciones ilegales, posibles casos de tortura y desaparición, uso desproporcionado de la fuerza, empleo de armas letales, que ponen en riesgo la vida, integridad y dignidad de los pueblos, así como congelamiento ilegal de cuentas bancarias de organizaciones y líderes sociales.
Denunciamos, que en el contexto del Paro Nacional, también se han cerrado medios comunitarios, se ha usado inhibidores de señal de internet y se ha cortado la electricidad, con el fin de que no se registre el terror y las masacres que viven en las comunidades.
Frente al silencio cómplice de la justicia y de los medios de comunicación tradicional, reconocemos a la comunicación popular como una fuerza organizada que está visibilizando la voz de lxs defensores, la legítima resistencia y la violación de derechos humanos, rechazamos narrativas que criminalizan las lucha y la organización social.
Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos indígenas, campesinado, estudiantes, trabajadores y mujeres en su legítimo ejercicio de su derecho a la resistencia y valoramos la valentía de quienes se movilizan en defensa de la vida digna y justa para todxs.