La reciente controversia en torno al caso de Bernarda Vera ha dejado al descubierto no solo viejas heridas y errores históricos en el registro de víctimas del terrorismo de Estado, sino también la miseria moral con la que sectores de la derecha chilena buscan convertir el dolor social en herramienta de disputa electoral y en arma para desacreditar décadas de lucha, investigación y memoria en Derechos Humanos. El Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por la administración de Gabriel Boric, emerge en este escenario como una política clave que asume de manera inédita la responsabilidad del Estado, y se distancia de décadas en que la carga recayó únicamente sobre familiares y organizaciones civiles.
El caso Bernarda Vera y la polémica actual
Bernarda Rosalba Vera Contardo fue una profesora y militante del MIR, figura emblemática del periodo represivo tras el golpe militar de 1973. Por décadas figuró como desaparecida y ejecutada según el Informe Rettig y registros oficiales de derechos humanos. Sin embargo, investigaciones y testimonios recientes demostraron que Vera escapó de la represión junto a un grupo de militantes, cruzó la cordillera hacia Argentina en diciembre de 1973, y desde allí viajó a Suecia, donde se estableció, obtuvo residencia en 1978 y la nacionalidad en 1984, lo que implicó la pérdida de su cédula chilena y un cambio de identidad. Más tarde, en 1999, Bernarda se radicó en Argentina bajo una nueva identidad y cortó contacto con familiares en Chile.
En paralelo, sus familiares en Chile recibieron las reparaciones y pensiones destinadas a víctimas de desaparición forzada, hasta que una reciente investigación periodística confirmó su presencia en Argentina tras rastrear documentos migratorios y registros legales suecos y argentinos. El hallazgo fue rápidamente instrumentalizado por sectores de la derecha, que intentaron presentar el caso como “punta de iceberg”, insinuando fraudes y cuestionando la existencia misma de otros detenidos desaparecidos. El Gobierno y los principales organismos de derechos humanos reaccionaron: el caso Vera es único y, lejos de desacreditar los hallazgos históricos, demuestra la importancia de mantener, fortalecer y auditar los procesos de memoria y justicia.
El Plan Nacional de Búsqueda: un Estado que busca verdad para generar verdad
Por primera vez, el Estado chileno se hace responsable y activo en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, pública una nómina oficial, realiza excavaciones, entrevistas y acompañamiento directo a las familias. El propio presidente Boric lo señaló: “Hoy día legalmente el Estado se hace responsable. Habían sido los familiares de las víctimas quienes habían cargado con el peso de la búsqueda durante todos estos años. Hoy día el Estado se hace responsable”. Camila Vallejo, Ministra Secretaria General de Gobierno, defendió el plan afirmando: “La búsqueda de los detenidos desaparecidos no debe ser una acción privada de los familiares, sino una responsabilidad profesional y proactiva del Estado… para que haya congruencia e integración de antecedentes, incluso internacionales, y así completar el mapa de verdad y dar con el paradero de las víctimas”.
El Plan Nacional de Búsqueda implica un esfuerzo coordinado de memoria, justicia y reparación, donde cada caso —por contingente o complejo que sea— debe investigarse con rigor y transparencia. Como señala Alicia Lira, presidenta de la AFEP (Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos): “Las acciones que hace este Gobierno son un acto reparatorio… una reivindicación, una reparación para las familias”.
Instrumentalización y miseria moral: el doble rasero de la derecha
La reacción de la derecha ante el caso Bernarda Vera fue inmediata y miserable. Diputados y figuras buscaron convertir este caso aislado en señal de fraude generalizado, ignorando el dolor de los familiares y la historia de represión, simplemente para sacar rédito electoral. La Subsecretaria de DDHH lo resumió así: “Lamentablemente hay ciertas intencionalidades políticas de generar un aprovechamiento de esto que está absolutamente fuera del marco del plan y que produce probablemente revictimización también”.
Como la del historiador Jorge Baradit, la reacción ética y ciudadana fue clara: “Lo que han hecho hoy con el caso de Bernarda Vera es un escalón más que bajan, en un derrumbe ético descorazonador y muy triste para el país”. La instrumentalización de la excepción no busca aclarar ni reparar, sino oscurecer la memoria, sembrar dudas y apropiarse de espacios históricos del duelo y la justicia, restándoselos a los sectores que han defendido por años la búsqueda de verdad y reparación.
La verdadera disyuntiva es nítida: cuando la verdad se busca para generar más verdad, se construye democracia y justicia. Cuando, en cambio, toda verdad posible se oscurece para cultivar más oscuridad, no se amplían espacios de futuro, sino que se destruye lo logrado, se deslegitiman procesos históricos y se perpetúa el dolor. Ese doble rasero, esa miseria moral de la derecha —incapaz de reconocer la dignidad de la memoria y la justicia cuando la evidencia los incomoda—, es lo que erosiona hoy el pacto democrático y ético del país.
El caso Bernarda Vera, entonces, lejos de poner bajo sospecha la búsqueda de la verdad, confirma la urgencia de fortalecerla con más transparencia, rigor y responsabilidad estatal. Solamente la búsqueda de la verdad genera justicia y reparación. Solo así Chile podrá, un día, cerrar sus heridas con dignidad y honestidad.