La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión peligroso en el orden internacional cuando fuerzas de Estados Unidos ejecutaron bombardeos aéreos sobre Caracas y otras regiones venezolanas, acompañados de sobrevuelos de aeronaves y ataques dirigidos contra instalaciones militares y estratégicas. El gobierno venezolano denunció estas acciones como una campaña directa de bombardeos por parte de Estados Unidos sobre su territorio soberano, configurando el uso injustificado de la fuerza armada contra un Estado miembro de las Naciones Unidas. Más allá de los eufemismos diplomáticos como «operaciones quirúrgicas» o «acciones de interdicción», estos eventos representan ataques aéreos sobre suelo soberano con consecuencias materiales y simbólicas profundas que no pueden minimizarse sin desvirtuar la esencia del derecho internacional. Cuando un Estado poderoso recurre a la fuerza sin autorización multilateral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni evidencia verificable de legítima defensa inminente conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ese documento fundacional deja de funcionar como marco vinculante y se reduce a papel sin valor.
El derecho internacional mantiene una prohibición inequívoca sobre esta materia. El Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, con excepciones estrictamente limitadas a la aprobación del Consejo de Seguridad o la legítima defensa inmediata tras un ataque armado. No existió tal autorización para los bombardeos venezolanos, ni se ha documentado de manera creíble incursión armada previa de Venezuela contra Estados Unidos. El resultado es una clara violación de la soberanía venezolana y del principio fundamental que sostiene la convivencia estatal desde 1945. Las comunicaciones oficiales que emplean un lenguaje edulcorado no pueden borrar esta realidad: la violencia ejercida por un Estado contra otro con fines políticos, ausente sanción legal internacional, constituye terrorismo de Estado tal como lo define la práctica jurídica y política cuando la fuerza coacciona, intimida o impone resultados al margen del imperio de la ley.
Este incidente trasciende a Venezuela, reverberando a través de América Latina y el sistema global. Si prevalece la impunidad, las soberanías se transforman de garantías inviolables en concesiones revocables sujetas al poder bruto. Venezuela hoy presagia a cualquier nación cuyo territorio, recursos o alineamientos resulten inconvenientes mañana. Lo que está en juego implica una tesis incómoda pero ineludible: ausente una respuesta colectiva contundente, este precedente se arraiga. El silencio, la ambigüedad diplomática o las condenas tibias señalan permiso para mayor unilateralismo, escalando hacia un paradigma donde la fuerza suplanta a la ley y el poder se normaliza como regla rectora.
Las reacciones globales a los bombardeos subrayan a Estados Unidos enzarzado en un conflicto asimétrico para recuperar su dominio en declive, fracturando alianzas y acelerando realineamientos multipolares. Los aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro se movilizaron con rapidez. En China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Lin Jian declaró que la nación está «profundamente conmocionada» y «condena fuertemente» los «actos hegemónicos» que «violan gravemente el derecho internacional, infringen la soberanía venezolana y amenazan la paz en América Latina y el Caribe», exigiendo adhesión a la Carta de las Naciones Unidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia lo calificó como un «acto profundamente preocupante y condenable de agresión armada sin justificación», donde la hostilidad ideológica prevaleció sobre la diplomacia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió una condena firme al «ataque militar» como «flagrante violación de la soberanía nacional e integridad territorial», contraviniendo el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas y ejemplificando agresión que erosiona el orden internacional. El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel publicó en X: «Cuba denuncia y demanda urgente reacción internacional contra el criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y Nuestra América». La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, emitió un comunicado conjunto deplorando un «acto criminal de guerra en violación directa de la Carta de las Naciones Unidas» destinado a saquear recursos estratégicos como petróleo y oro mediante política colonial.
Las respuestas latinoamericanas se escindieron por líneas ideológicas, exponiendo fisuras regionales. El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva lo calificó como una «afrenta gravísima a la soberanía venezolana y precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional». El presidente de Colombia Gustavo Petro manifestó: «Observamos con profunda preocupación las explosiones… rechazamos cualquier acción militar unilateral que agrave la situación o ponga en riesgo a la población civil… llamado a la desescalada y el diálogo», mientras activaba tropas fronterizas y mecanismos humanitarios. La presidenta de México Claudia Sheinbaum «condena enérgicamente» la «acción unilateral» que viola la Carta de las Naciones Unidas y alerta sobre inestabilidad regional. En contraste, el presidente de Argentina Javier Milei celebró la captura de Maduro con «¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!» en X. El gobierno de Perú bajo la presidenta Dina Boluarte expresó «preocupación por la escalada» y «condena a la violación de la soberanía», destacando riesgos para la estabilidad comercial andina en medio de inversiones chinas como el megapuerto de Chancay operado por COSCO Shipping. El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, llamó a una «salida pacífica a la grave crisis», mientras el presidente electo José Antonio Kast saludó la captura de Maduro como «gran noticia para la región». El presidente de Panamá José Raúl Mulino reafirmó apoyo al reclamo electoral legítimo del líder opositor Edmundo González y a un «proceso de transición pacífico y ordenado», rechazando el uso de suelo panameño contra Venezuela pero vinculando temores a los reclamos estadounidenses sobre el Canal de Panamá. El presidente de Uruguay Yamandú Orsi rechazó la «intervención militar… el fin no justifica los medios».
Actores neutrales y occidentales instaron a la moderación. La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Kaja Kallas llamó a la «contención y respeto al derecho internacional», reiterando la ilegitimidad de Maduro mientras priorizaba la transición pacífica. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca Lars Løkke Rasmussen lo describió como un «desarrollo dramático» que requiere «desescalada y diálogo», con convocatoria rápida del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para sostener las «reglas internacionales del juego» —postura agravada por el renovado empuje del presidente Donald Trump por Groenlandia, insistiendo en que es esencial para la «seguridad nacional, minerales y supervivencia», lo que llevó al líder groenlandés Jens-Frederik Nielsen a replicar: «Groenlandia es nuestro país, nuestras decisiones». La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá Anita Anand instó al «respeto al derecho internacional» mientras apoyaba a los demócratas venezolanos, señalando el no reconocimiento de Maduro desde 2019. El secretario general de las Naciones Unidas António Guterres expresó «profunda alarma», advirtiendo de un «precedente peligroso», mientras el experto de las Naciones Unidas Ben Saul lo condenó como «agresión ilegal».
Estas reacciones iluminan el conflicto asimétrico de Estados Unidos para reclamar dominio en medio de su declive relativo. La doctrina «America First» de Trump apunta explícitamente a activos como el Canal de Panamá («recuperar control; tarifas ridículas»), Groenlandia («necesidad absoluta») y Canadá («mejor como nuestro estado 51»), enmarcándolos como intereses vitales cedidos neciamente. Venezuela sirve como caso de prueba, mientras tanto acelerando la narrativa contraria de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín: el puerto de Chancay en Perú (inversión de 3.500 millones de dólares de COSCO) enfrenta aranceles Trump de hasta el 60 por ciento, lo cual podría generar tensiones comerciales que Brasil, Chile y Argentina deberán equilibrar frente a presiones de Washington. Los países BRICS —Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más nuevos miembros— escalan la desdolarización vía yuan digital, posicionándose como rescatadores de Venezuela contra Trump al mismo tiempo que fortalece su eje antihegemónico.
Las incidencias inmediatas agravan riesgos, mientras que el impacto humanitario incluye explosiones en Caracas, movilizaciones fronterizas colombianas para 2,5 millones de migrantes y posibles oleadas de refugiados que podrían desestabilizar la región andina. Económicamente, la disrupción del petróleo venezolano fortalece lazos China-Irán, lo cual amenaza la energía global en medio del rol de Chancay como puerta Asia-Sudamérica y podría precipitar alzas en precios que afecten economías emergentes. La escalada acecha vía sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas demandadas por aliados de Maduro, con llamados a impeachment de Trump bajo derecho internacional que, de prosperar, tensionarían aún más el Ejecutivo estadounidense. Las inestabilidades fracturan a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), enfrentando defensores de la soberanía contra partidarios del cambio de régimen, lo que puede profundizar divisiones ideológicas de larga data.
Prospectivamente, la impunidad cascada: el silencio equivale a aquiescencia, normalizando la fuerza sobre la diplomacia mientras China fortalece alternativas de la Franja y la Ruta, Rusia arma proxies e Irán promete defensa soberana, todo ello en un contexto donde Estados Unidos persigue hegemonía vía capturas de recursos pero corteja el aislamiento —OTAN tensionada, Unión Europea tibia, América Latina antiintervencionista—. La Carta de las Naciones Unidas arriesga irrelevancia, cediendo ante el derecho del más fuerte donde las hegemonías colapsan secuencialmente, lo cual podría desatar una espiral de confrontaciones que desestabilice el orden global. La historia no perdona la cobardía colectiva: la agresión impune facilita el siguiente paso, más brutal, mientras que este asalto no apunta meramente a Venezuela sino a la noción de que los Estados, grandes o pequeños, coexisten bajo reglas compartidas. Su caída desata espirales de violencia incontenibles, convirtiendo seguridad y estabilidad en ilusiones en un vacío poshegemónico.