La reacción de China ante la anulación judicial del contrato de concesión portuaria de CK Hutchison en Panamá debe ser leída desde una lógica distinta a la que domina los titulares occidentales. No se trata de una amenaza impulsiva ni de una advertencia imperial, sino de una señal política cuidadosamente calibrada en defensa de principios que Beijing considera centrales: la estabilidad del comercio internacional, la seguridad jurídica de las inversiones y la despolitización de las infraestructuras estratégicas.
Desde la perspectiva china, la decisión de un tribunal panameño de anular un contrato vigente que afecta la operación de puertos clave en las bocas del Canal de Panamá introduce un elemento de incertidumbre sistémica en uno de los nodos más sensibles del comercio global. El Canal no es solo un activo panameño: es una arteria crítica del intercambio mundial, por la que circula una parte significativa del comercio Asia–América. Cualquier alteración abrupta en su ecosistema portuario tiene efectos que trascienden lo bilateral.
China observa el caso desde una premisa básica: los contratos de infraestructura, especialmente aquellos vinculados a cadenas logísticas internacionales, deben estar protegidos de vaivenes políticos y de relecturas judiciales que respondan a presiones externas. En este sentido, la preocupación expresada por Beijing no se limita a la situación específica de CK Hutchison, sino al precedente que se sienta para el conjunto de las inversiones chinas en América Latina y en el Sur Global.
Para China, el problema no es la soberanía panameña ni el derecho del Estado a revisar sus marcos legales. El problema es la creciente tendencia a utilizar herramientas jurídicas internas como mecanismos indirectos de alineamiento geopolítico. En la lectura china, la anulación del contrato no ocurre en un vacío, sino en un contexto regional marcado por una intensificación de la presión estadounidense para limitar la presencia china en infraestructuras críticas del hemisferio occidental, especialmente aquellas vinculadas a transporte, energía y telecomunicaciones.
Desde Beijing, esta dinámica es percibida como una politización deliberada de la economía. China ha sostenido de manera consistente que el comercio y la inversión deben regirse por criterios de beneficio mutuo, previsibilidad y no injerencia. Cuando decisiones judiciales o administrativas generan la percepción de que las empresas chinas son tratadas como extensiones del poder estatal chino —y, por tanto, como amenazas estratégicas—, se rompe ese marco de confianza.
En el caso del Canal de Panamá, la sensibilidad es aún mayor. Para China, que depende de rutas marítimas estables para sostener su comercio exterior, el Canal representa un punto de paso esencial. Aunque China no controla el Canal ni pretende hacerlo, sí considera legítimo que sus empresas participen en igualdad de condiciones en la operación de servicios portuarios asociados. La exclusión progresiva de empresas chinas de estos espacios es vista como una forma encubierta de discriminación estratégica.
La advertencia sobre un “alto precio” debe entenderse, desde esta óptica, como una referencia a consecuencias sistémicas, no como una represalia inmediata. Beijing alude a posibles efectos sobre el clima de inversión, la cooperación comercial y la percepción de Panamá como socio confiable en el largo plazo. China no suele responder de manera abrupta; prefiere dejar claro que la erosión de la seguridad jurídica tiene costos acumulativos, especialmente para economías pequeñas y abiertas.
También hay un elemento de principio. China ha insistido en foros internacionales en que el desarrollo del Sur Global no puede estar condicionado a alineamientos geopolíticos impuestos desde el Norte. En su narrativa, América Latina debe poder diversificar sus relaciones económicas sin ser forzada a elegir entre potencias. Cuando decisiones internas parecen responder más a equilibrios externos que a evaluaciones técnicas, Beijing interpreta que se está debilitando la autonomía estratégica regional.
Desde el punto de vista chino, el verdadero riesgo para Panamá no es la reacción de China, sino la pérdida de margen de maniobra. Convertir infraestructuras estratégicas en escenarios de disputa entre grandes potencias reduce la capacidad de los Estados de negociar en función de sus propios intereses. China ha advertido en múltiples ocasiones que la instrumentalización geopolítica de puertos, ferrocarriles y corredores logísticos termina perjudicando a los países anfitriones, al encarecer proyectos, restringir opciones y aumentar la dependencia de un solo bloque.
En este contexto, la posición china no se presenta como una defensa corporativa, sino como una defensa del principio de estabilidad del comercio global. Beijing sostiene que el crecimiento económico mundial depende de reglas claras y de la separación entre competencia económica y confrontación estratégica. La erosión de esa separación, advierte, conduce a un mundo más fragmentado, menos previsible y más propenso a crisis.
La disputa en torno a CK Hutchison en Panamá es, desde esta perspectiva, un síntoma de un problema mayor: la creciente dificultad de mantener espacios de cooperación económica en un entorno internacional marcado por la rivalidad estructural. China no cuestiona el derecho de Panamá a gobernar su territorio, pero sí interpela a la comunidad internacional sobre los riesgos de convertir decisiones soberanas en instrumentos de contención geopolítica.
Para Beijing, el Canal de Panamá debería seguir siendo un símbolo de conectividad global, no un frente más de la competencia entre potencias. El mensaje chino es claro: cuando el comercio se subordina a la lógica del enfrentamiento estratégico, todos los actores —incluidos los países anfitriones— terminan pagando el costo.