«Un simple reglamento técnico de la Comisión Europea, adoptado en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), puede anular los derechos fundamentales de un ciudadano en territorio europeo sin debate público ni juicio previo simplemente por la inclusión en una lista. Ya no se trata solo de oligarcas rusos o funcionarios extranjeros. La lista de sanciones por motivos como la disidencia sobre la guerra de Ucrania, el activismo pro-palestino o la crítica al extractivismo postcolonial en África, y por otras alegaciones parecidas, se incluyen hoy al menos a 59 personas y 17 organizaciones. Entre ellos hay ciudadanos europeos y de terceros países cuya única falta es la discrepancia política. Analizamos dos casos, dos condenas administrativas: Hüseyin Doğru, periodista alemán, y Nathalie Yamb, activista suizo-camerunesa. A ambos se les ha decretado la misma pena: una “muerte civil, económica y social por vía administrativa”. Comparten el mismo limbo, un destierro burocrático.»
La UE: donde la Comisión Europea condena por vía administrativa sin juicio
Hay estructuras de poder que no necesitan mostrarse violentas para ser profundamente coercitivas. No encarcelan, no juzgan, no condenan públicamente. Simplemente administran. Deciden. Listan. Bloquean. Y, al hacerlo, convierten al ciudadano en una figura borrosa, jurídicamente viva pero socialmente inexistente.
En una construcción histórica y todo un logro, con todo la UE viene marcada por un profundo desequilibrio entre integración política y la participación democrática, la soberanía se fue diluyendo en los pasillos de Bruselas en los 67–68 años de existencia. El proyecto europeo, surgido en 1957, nació como una apuesta civilizatoria para superar 3.200 años de guerra, disputas territoriales y rivalidades dinásticas en la península europea (somos una península del Continente Euroasiático). Se creó un mercado común y se avanzó en la integración económica y jurídico/normativa, etc, pero quedó atrás la participación democrática efectiva.
La casa europea se completó, sobre todo, por arriba: mediante la conciliación de intereses estatales, económicos, industriales y financieros, mientras la voz de sus hoy casi 450 millones de habitantes quedó relegada a un plano secundario, intermediado y cada vez más distante.
En ese contexto, el Consejo Europeo negocia en la semi-penumbra y la Comisión Europea es un poderoso y algo más oscuro órgano tecnocrático no elegido directamente, que ha ido acumulando un poder ejecutivo y sancionador, cuya sombra comienza a rozar el dictat en ocasiones. El resultado, a día de hoy, es una maquinaria cada vez más inescrutable y menos democrática en su funcionamiento cotidiano.
Esta maquinaria ha desarrollado un instrumento administrativo que, sin tribunales penales ni condenas judiciales, puede producir efectos equiparables a una pena total: las sanciones. Y cuando estas medidas, diseñadas para actores externos, se aplican a ciudadanos europeos residentes en la propia Unión, el problema deja de ser diplomático y se convierte en una cuestión central del Estado de derecho.
Antes de adentrarnos en las historias de Hüseyin Doğru y Nathalie Yamb —dos ciudadanos enjaulados en una prisión administrativa—, es preciso detenernos en la arquitectura misma del poder que los condenó sin juicio. Porque no se enfrentaron a un gobierno o a un tribunal, sino a una maquinaria única y opaca: un leviatán burocrático en su acepción más hobbesiana, un poder soberano creado para el orden que, ahora, devora derechos fundamentales desde la sombra.
La Comisión Europea es en realidad el corazón administrativo y ejecutivo de la UE, pero su funcionamiento diario se asemeja más al laberinto de “El Castillo” de Kafka, antes citado, que a un ministerio nacional +/-transparente al uso en los países Miembros UE. El personaje de Kafka entra a resolver una tontería y jamás llega a salir del laberinto… A Hüseyin Doğru y Nathalie Yamb les ha pasado algo parecido por ser periodistas, investigadores, activistas y críticos.
Su estructura es un universo paralelo formado por 33 Direcciones Generales, verdaderos feudos técnicos, poblado por nada menos que 32.000 funcionarios, una cifra que equivale a la población de una ciudad mediana europea (Teruel sin ir más lejos), pero dedicada íntegramente a tareas de regulación, supervisión e iniciativa legislativa.
Su labor, aunque en teoría es pública, se desarrolla en una niebla de negociaciones internas, «trílogos» informales con otras instituciones y un expertise técnico tan especializado que actúa como barrera de entrada para la supervisión ciudadana e incluso para muchos parlamentarios. Esta opacidad, sin embargo, es un coladero para la influencia de los distintos lobbies que actúan en Bruselas. Así, se crea una asimetría perversa: mientras a un ciudadano le resulta casi imposible pedir cuentas por una decisión concreta, los grupos de presión con enormes recursos encuentran múltiples vías para inclinar la balanza. Un proceso no ajeno a la corrupción —con casos judiciales por sobornos en favor de diversos intereses industriales—, donde demasiado a menudo la letra de la norma nace ya en los despachos de los lobbies. La maquinaria burocrática se limita entonces a retocarla, adaptando la demanda privada al molde del reglamento.
Aunque en el papel responde ante el Parlamento Europeo y los líderes nacionales, la cadena de responsabilidad cotidiana es difusa. Para un ciudadano, identificar al responsable último de una decisión concreta —¿el Comisario? ¿el director general? ¿el redactor del texto?— es una tarea tan frustrante como la de K. buscando a la autoridad en el Castillo.
Es en este entorno, donde la burocracia de una «ciudad-Estado» adquiere la fuerza de un decreto inapelable, donde debemos situar los casos que siguen. No son anomalías, sino la consecuencia lógica de un sistema donde los procedimientos técnicos pueden eclipsar los derechos fundamentales. El castillo no necesita ser cruel; le basta con ser inalcanzable. La prueba viviente de este salto cualitativo tiene nombre y apellidos. Empecemos por la historia de Hüseyin Doğru.
De periodista a «persona non grata» en su propio país
Hüseyin Doğru es ciudadano alemán. Nació, creció, estudió y trabajó en Alemania. El 20 de mayo de 2024, su vida se fracturó. Apareció en el anexo de un Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea, incluido en el 17º paquete de sanciones «antirrusas». Su delito, según la justificación oficial, fue ser un «actor de desinformación ruso».
¿Las pruebas? Su labor periodística. Doğru cubría, desde su medio Red Media, el conflicto en Gaza y la complicidad occidental, las ocupaciones universitarias en Hamburgo en solidaridad con Palestina y protestas sociales dentro de la UE. Según la Comisión, este periodismo «ofrecía plataforma a organizaciones terroristas», «creaba discordia social» y, en última instancia, «beneficiaba los intereses rusos» al «minar la unidad europea».
—»El nexo con Rusia fue indirecto y argumentativo», explica Doğru en una entrevista con Pascal Lottaz, donde «argumentivo equivale a habladurías en las redes, haters y recortes de periódico. —»Se me categoriza como desinformación. Pero la desinformación no está jurídicamente definida. Es una categoría elástica».
El proceso fue puramente administrativo. No hubo acusación formal, ni juicio, ni derecho a defensa previo. Los ministros de Exteriores de la UE votaron un paquete con decenas de nombres. El suyo estaba dentro. Al día siguiente, la maquinaria se puso en marcha.
El mecanismo perfecto: eficaz, opaco y devastador
Este procedimiento se activa mediante actos delegados de la Comisión, una herramienta técnica con rango de ley suprema. Una vez publicado en el Diario Oficial de la UE, es de aplicación inmediata en todos los Estados miembros, por encima de las leyes nacionales en su ámbito. El control democrático es, en la práctica, ilusorio. El Parlamento Europeo no tiene poder de veto real sobre estas listas individuales. Su supervisión es a posteriori, cuando el daño ya es irreversible. La carga de la prueba no recae en la Comisión, sino en el sancionado, que debe demostrar su inocencia frente a acusaciones a menudo basadas en informes de inteligencia secretos.
Doğru descubrió una artimaña burocrática añadida: en el rastreador de sanciones de la UE, figuraba como ciudadano turco. —»Un ciudadano de la UE tiene derecho a audiencia, a un proceso. Un no comunitario, no tanto», analiza. —»Es racismo institucional y una forma de extender los límites de lo que se puede hacer de manera ilegal». Pero Doğru, sin embargo, solo tiene la nacionalidad alemana, se crio y se siente alemán. El expediente contenía, desde el principio, una falsedad factual.
La vida después de la sanción: 56 euros y una existencia en suspenso
Las consecuencias de la resolución administrativa de incluirle en la lista no son abstractas. Son la aniquilación sistemática de una vida normal:
- Asfixia financiera: Todas sus cuentas bancarias y las de su esposa —que no está sancionada— fueron congeladas. Se convirtió en un apátrida económico en su propio país.
- Subsistencia calculada al céntimo: Las autoridades alemanas le permiten gastar 56 euros al mes de sus propios fondos bloqueados. Vive en Berlín, donde el alquiler medio supera los 700 euros. Tiene dos bebés gemelos recién nacidos y un hijo de seis años.
- Burocracia como tortura: Cada pago, cada necesidad, requiere un permiso explícito. Perdió su DNI alemán y tuvo que solicitar uno nuevo. Para pagar la tasa, necesitaba una tarjeta de débito o crédito, que no podía obtener. Solicitó un permiso especial a la autoridad competente. La respuesta fue «no». —»El proceso dentro de la sanción, la burocracia, los permisos… eso es el castigo en sí mismo. Es muy estresante tener que pedir permiso para todo como una persona no existente», relata Doğru.
- Aislamiento total: No puede trabajar. Tampoco puede recibir dinero ni de su mujer. Su abogado le advirtió que, si alguien le invita a un café, ambos podrían ser penalizados por «eludir sanciones». El castigo se extiende a su familia, rehén de su estatus. —»No te meten en la cárcel, pero es peor», comenta indignado Doğru. —»En la cárcel al menos tienes comida y refugio. Esto es una muerte o destierro por burocracia».
La libertad de expresión que solo protege al que asiente
El caso Doğru desnuda la filosofía subyacente. En la propia web de la UE se define que las sanciones «no son punitivas», sino que buscan «cambiar un comportamiento no ilegal» para «promover los objetivos de la política exterior» de la UE.
Doğru lo traduce con crudeza: «La libertad en la Unión Europea es la libertad de estar de acuerdo con la Unión Europea». —»Si no estás de acuerdo, tu expresión puede ser reinterpretada como una conducta sancionable».
El término «desinformación», clave en su expediente, no tiene definición legal estricta. En su dossier de evidencias (que la Comisión le prohibió divulgar, es decir no puede enseñar la cuerda que le ahora…) encontró, entre otros «delitos», haber señalado el hecho histórico de que exnazis fueron integrados en la OTAN tras la Segunda Guerra Mundial. Esta afirmación o lógica la UE lo calificó como «desinformación».
Esto nos obliga a investigar y constatar sobre el hecho histórico que Hüseyin Doğru afirma. Pues, si. Efectivamente, hubo un reclutamiento de científicos, ingenieros y exmilitares alemanes (muchos con pasado nacionalsocialista) por parte de Estados Unidos y, en menor medida, de otros aliados tras la Segunda Guerra Mundial, es un hecho históricamente documentado y ampliamente estudiado.
Doğru se refería a hechos históricos documentados, como la incorporación de exnazis en estructuras occidentales (OTAN y programa Operación Paperclip, de EE.UU.) tras la Segunda Guerra Mundial, algo ampliamente reconocido por la historiografía. —»¿Quién es el actor de desinformación aquí?», —se pregunta irónicamente Doğru. —»¿Yo, que hablo de hechos e historia probada, o ustedes, burócratas UE, que intentan manipular esa información?»
Un precedente que abre la puerta a un futuro oscuro
Doğru ha recurrido al Tribunal General de la UE. Un exjuez de ese mismo Tribunal ya ha declarado que sanciones como la suya son ilegales y violan los derechos fundamentales. Ganar es una posibilidad, pero el camino es kafkiano: largo, costoso (un proceso puede superar los 150.000 euros) y no suspende la sanción.
Porque, además, el mecanismo al recurrir tiene un resorte perverso: las sanciones se revisan cada seis meses. —»Mientras lucho contra la primera sanción, ellos añaden un nuevo motivo (o adecúan formalmente el motivo original de acuerdo al fallo de la sentencia). Aunque yo sea uno, el mismo, y mi caso también, administrativamente es ya un nuevo caso. Aunque gane el primero, sigo sancionado en una segunda causa. En teoría, podrían volver a empezar y mantenerme en un bucle indefinido».
Su análisis va más allá de lo personal. Ve un patrón histórico: —»Cuando los países entran en crisis económica y política, la opresión aumenta. Se necesita mantener a la sociedad callada y enfocada en enemigos externos». Europa, dice, vive una crisis múltiple: —»económica, social, de legitimidad… y la militarización…», que avanza a marchas forzadas.
—»La democracia liberal que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, con separación de poderes y garantías, se ha convertido ahora en un obstáculo para sus agendas. Por eso recurren a mecanismos extrajudiciales: son más rápidos, silenciosos y menos visibles».
Nathalie Yamb: el látigo postcolonial que alcanza a la disidencia global
Si el caso de Hüseyin Doğru ya muestra cómo la maquinaria puede triturar a un ciudadano dentro de su propio país, el de Nathalie Yamb revela su alcance extraterritorial y denota una raíz profundamente política y postcolonial aún vigente en la UE.
Yamb, ciudadana suiza y camerunesa, es una voz prominente del activismo anticolonial centrado en la soberanía africana. Su «pecado» no fue espiar, sino su discurso incisivo denunciando el extractivismo despiadado que sufren las naciones africanas por parte del Norte Global, particularmente el papel de Francia en la minería de uranio y otros recursos.
Según la Comisión Europea, Nathalie Yamb fue sancionada por «buscar expulsar a Francia y Occidente de África». Su crimen fueron sus trabajos periodísticos y su análisis político, además de su militancia por una verdadera soberanía africana, sin tutelas. Ni postcoloniales, ni de estructuras político-económicas de Occidente, o del Norte Global.
Las consecuencias le llegaron, como a Doğru, por sorpresa. —»De un día para otro, empecé a recibir la cancelación de mis tarjetas de crédito, el cierre de mis cuentas bancarias, de mis cuentas de criptomonedas», relata.
Suiza, aunque no es miembro de la UE, se plegó a las sanciones. Un banco le cerró las cuentas y se quedó con su dinero en euros, sin explicación. Otro limitó sus pagos hasta el punto de que transacciones cotidianas, como el pago del alquiler, eran rechazadas. Incluso plataformas digitales y servicios como Google, Amazon o YouTube bloquearon su acceso y monetización. —»Está cortado el cordón umbilical económico o financiero de cada cosa que haces».
Lo más revelador es la complicidad activa y el abandono que sufrió por parte de su Estado de acogida. Al solicitar asistencia consular, la embajada suiza se negó a ayudarla. Documentos internos demostraron que las autoridades habían recibido la orden de «no asistirla». —»Me consideran una enemiga de Suiza», afirma. Incluso su familia se ve afectada. —»Los pagos de su hijo son rechazados por llevar el mismo apellido».
Yamb resume el mecanismo con una claridad devastadora: —»El horror distópico que descubres ahora en el corazón de Europa es exactamente lo que yo combato en África. Llevan décadas haciéndolo a la gente fuera de Europa. Ahora se está volviendo contra su propia población».
Su caso no es una anomalía; es la prueba de que una herramienta diseñada para la política exterior se ha convertido en un látigo para la disidencia global.
Organizar, no claudicar: la solidaridad como única trinchera
El daño concreto es un patrón que se repite. Las historias de Hüseyin Doğru y Nathalie Yamb materializan un protocolo burocrático que convierte la discrepancia en un riesgo existencial. Este mecanismo produce una muerte civil sin juicio, un castigo colectivo que erosiona los cimientos del Estado de derecho desde dentro. Ya no se necesitan muros de ladrillo; basta con desconectar a una persona del sistema financiero, digital y administrativo.
La advertencia es clara. Doğru lo sentencia: —»Al atacarme a mí, pueden venir a por ti, activista o periodista, en el futuro». Europa se encamina hacia una fase donde la disidencia será tolerada en márgenes cada vez más estrechos, donde la crítica estructural será etiquetada como «amenaza híbrida». La visión de Yamb lo amplía a una escala geopolítica: el instrumento de coerción exterior ahora se ha vuelto doméstico.
Frente a esta lógica, las respuestas de ambos apuntan en la misma dirección: organizarse y resistir. La fuerza del grupo y hacer cada caso mediático y viral, nada de el heroísmo individual.
Doğru insiste en «Organizar, organizar, organizar»: crear medios, redes de apoyo, presionar a los políticos e informar sin miedo. —»No veas a quien piensa distinto como un enemigo, sino como una oportunidad para debatir y aprender. La democracia necesita eso».
Nathalie Yamb, desde su experiencia de abandono, aconseja una reconfiguración práctica: buscar cuentas bancarias fuera de la UE, usar plataformas digitales alternativas y sistemas de pago no controlados por Occidente. Sobre todo, construir un ecosistema de solidaridad transnacional. —»La única solución es la solidaridad», afirma. —»El enemigo que combatimos es un monstruo y, solo, no puedes derrotarlo».
¿El futuro? Dos tendencias: o se lucha por un futuro, un guion, y unas estructuras Comunitarias en la UE escrito por los ciudadanos, o vendrá todo impuesto por los burócratas de la Comisión Europea, el órgano más permeable a los intereses de élites y corporaciones.
El futuro de Europa no está escrito en mármol por los reglamentos de Bruselas. Se escribe en la voluntad de sus ciudadanos y de quienes, desde dentro y fuera, luchan por la Justicia, el Libre albedrío, la Privacidad, la Libertad de expresión y de Reunión. Todos supuestamente valores fundacionales desde el Tratado de Lisboa. Es momento de informar, organizarse, y crear activismo conectado, una conciencia crítica y la resistencia noviolenta en red.
El futuro de Europa no está escrito en mármol por los reglamentos de Bruselas… Es momento de informar, organizarse, y crear activismo conectado. La acción es transpersonal, en red, buscando lo que nos une frente a realidades que ya no nos representan y/o no preguntan.
Los sancionados: últimos acontecimientos
Entre tanto, ya hay 59 personas sancionadas por la EU, más algunas organizaciones activistas (como persona jurídica). Esto solo es el comienzo. Al cierre de este artículo y recién añadido en el canal “Neutrality Studies”, de recomendado visionado, véase Rule by Decree of the Eurocrats: Democracy Has Ended, donde el propio Pascal Lottaz nos cuenta los últimos acontecimientos en este tema. Cuando las barbas de tu vecino veas quemar,…
Fuentes:
- Pueden verse las entrevistas completas con Hüseyin Doğru y Nathalie Yamb, y de otros afectados, en el Canal Youtube de ”Neutrality Studies” en español)
- Tema tratado ya en: ¿Libertad de expresión?: Bruselas puede anular tus derechos y proscribirte ‘Urbi et Orbi’