Tras la cancelación de la reunión prevista, en Budapest, entre el presidente Trump y el presidente Putin, la esperanza de progresar hacia el fin del conflicto en Ucrania queda, por ahora, truncado. Sin embargo, independientemente de este hecho, no debería perderse de vista una pregunta central: ¿Cómo trató el Ejército ucraniano a su propia población en el Donbás y en el resto de los territorios orientales de mayoría rusófona entre abril de 2014 y febrero de 2022? Aunque actualmente el foco de atención pública está en lo ocurrido a partir de la invasión rusa de 2022 (especialmente las violaciones de derechos humanos cometidas). Probablemente, solo cuando finalice la guerra podrá aclararse sin lugar a duda cuál es el alcance de la responsabilidad por parte rusa de los crímenes que se la imputan.
Un artículo de Clivia von Dewitz para NachDenkSeiten
Por el contrario, el conflicto interno ucraniano en el Este del País, que a partir del 15 de abril de 2014 se convirtió en una sangrienta guerra civil, y recibe mucha menos atención. Hasta la invasión contraria al Derecho Internacional por parte de las tropas rusas, el 24 de febrero de 2022, este conflicto ya se había cobrado la vida de más de 14.000 personas, especialmente entre los habitantes de las regiones orientales de Ucrania. Este conflicto interno ucraniano, latente durante décadas en los más diversos niveles, entre las partes oriental y occidental del país, se transformó en un enfrentamiento militar activo cuando el Gobierno Ucraniano inició el 15 de abril de 2014 una «operación antiterrorista» contra la ciudad de Sloviansk, en el Óblast de Donetsk. Previamente, los óblast de Donetsk y Luhansk en el Donbás habían declarado su independencia, preocupados por que el Gobierno instalado en Kiev, tras las protestas del Maidán en 2014, pudiera perjudicar la lengua y cultura rusas predominantes en la región.
En el transcurso de este conflicto se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, incluidos bombardeos de zonas civiles e innumerables víctimas entre la población civil. En Donetsk, un monumento erigido en junio de 2017 recuerda a cerca de 200 niños y niñas muertos durante aquellos combates.
Es hora de aclarar los sucesos en el Donbás de forma independiente e imparcial. Pero, ¿cómo podría alcanzarse tal objetivo? Dado que la mayoría de las zonas afectadas por la guerra están ahora bajo control ruso, formalmente sería la Federación Rusa la responsable de investigar las violaciones de derechos humanos allí cometidas, aunque estas zonas no han sido reconocidas por la Comunidad Internacional como parte de Rusia.
¿Comisión de la verdad o comisión de investigación?
Una investigación puramente interna, por ejemplo, mediante una Comisión de Investigación Parlamentaria, probablemente no encontraría más que escepticismo a nivel Internacional y difícilmente se la consideraría imparcial. En este contexto, no obstante, debería examinarse si sería posible establecer una Comisión de la Verdad y Reconciliación, siguiendo modelos internacionales. Como modelo podría servir la Comisión de la Verdad y la Reconciliación” (TRC) que se desarrolló en Sudáfrica, que en el proceso de esclarecimiento del pasado ofreció un marco considerablemente digno para dar audiencia a las víctimas; o el ejemplo de la TRC canadiense, que se centró en el reconocimiento de las injusticias sufridas y en la reparación de los afectados; o siguiendo el modelo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala, que se centró en la documentación exhaustiva de los actos de violencia.
Una Comisión de la Verdad así, independiente de las estructuras de poder estatales, podría contribuir a documentar las experiencias de la población civil en el Donbás y a impulsar un proceso de entendimiento social. En este sentido, deberían tratarse por igual las violaciones de Derechos Humanos cometidas tanto por ciudadanos ucranianos como por ciudadanos (ahora) rusos. De este modo, independientemente de las estructuras de poder estatales, se podrían documentar las experiencias de la población civil en el Donbás y poner en marcha un proceso de entendimiento social. De forma análoga a la Comisión de la verdad guatemalteca, lo ideal sería que dicha comisión estuviera dirigida por un experto internacional para garantizar la imparcialidad y la credibilidad. Lógicamente, los detalles de dicha comisión tendrían que ser elaborados por expertos rusos.
¿Comisiones de la verdad de otros países como modelo?
En Sudáfrica, tras el final del régimen del apartheid en 1994, se celebraron las primeras elecciones libres de todos los sudafricanos y el Congreso Nacional Africano (ANC), de Nelson Mandela, obtuvo la victoria electoral. El país optó conscientemente por no hacer una revisión del pasado puramente penal y sino el establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Truth and Reconciliation Commission, TRC). Esta, a través de los casi 22.000 testimonios escritos de víctimas y alrededor de las 2.000 audiencias públicas, creó un marco digno para que las voces de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos fueran oídas, y presentó en 1998 un informe de cinco volúmenes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1960 y 1994. El Comité de Reparaciones presentó al Gobierno una serie de recomendaciones en cuanto a compensaciones y medidas de reparación simbólicas. El Comité de Amnistía tenía la competencia de conceder inmunidad a los perpetradores que confesaran sus actos, los cuales debían estar políticamente motivados. Para el esclarecimiento de las violaciones de Derechos Humanos en el Donbás y sus alrededores, especialmente el Comité de Víctimas y el Comité de Reparaciones de la TRC sudafriana podrían servir como modelo.
Es delicada la cuestión de quién debería pagar una compensación a las víctimas de este enfrentamiento militar en los antiguos territorios orientales de Ucrania. Por lo tanto, sería concebible responsabilizar a la Comunidad Internacional, por ejemplo, mediante un fondo de donaciones europeo o transatlántico. Europa y EE.UU. jugaron un papel indirecto en la fase de gestación del conflicto: tras las protestas del Maidán de 2013/14, apoyaron política, financiera y militarmente al nuevo gobierno ucraniano. Este apoyo Occidental, al igual que la actitud de rechazo de Rusia ante el cambio de poder en Kiev, contribuyó a una mayor polarización del país y, finalmente, a la escalada del conflicto en el Donbás. Tampoco los posteriormente “Acuerdos de Minsk” (Minsk I, en septiembre de 2014; y Minsk II, en febrero de 2015), pese a la mediación internacional, pudieron contener la violencia de forma sostenible. Ambos acuerdos fracasaron en última instancia porque sus disposiciones políticas y de seguridad no fueron implementadas, especialmente por la parte ucraniana.
Estructura y mandato de la comisión de la verdad propuesta
Así, el Donbás podría ser pionero para un modelo de comisión de la verdad de este tipo. La Comisión debería limitarse a las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre el 20 de febrero de 2014 y el 24 de febrero de 2022, en aquellos territorios que hasta septiembre de 2022 pertenecían al Estado ucraniano y que desde entonces pasaron a formar parte del Estado de la Federación Rusa.
En concreto, juristas rusos y otros expertos tendrían que elaborar un Ante Proyecto de Ley que posteriormente debería ser aprobado por la Duma, de forma análoga a como se hizo para sustanciar la “Ley de la TRC” en Sudáfrica. También debería considerarse la inclusión de líderes espirituales rusos en la Comisión, para así retomar de este modo las antiguas tradiciones rusas de mediación y de trato humano con respecto a las víctimas.
Propongo los siguientes puntos clave: La comisión debería contar con tres a seis miembros, apoyados por un equipo de unos 100 colaboradores. Un equipo de investigación debería examinar las declaraciones de las víctimas y verificar su veracidad. Este equipo debería involucrar a expertos internacionales para garantizar la independencia, la calidad metodológica y la credibilidad.
La comisión debería actuar durante un periodo de dos años con la opción de una prórroga de uno a dos años, durante el cual se escucharía a víctimas y familiares y, sobre la base de estos testimonios, se elaboraría un Informe Final.
La financiación de la Comisión debe estar asegurada desde el principio. Se recomienda que, además de la Federación Rusa, también las Naciones Unidas (ONU) participen en la financiación y el apoyo institucional. De este modo, se podría fortalecer la legitimidad internacional de la Comisión y garantizar mejor su independencia frente a intereses o presiones nacionales.
Objetivo: Reconciliación mediante la verdad
Una Comisión de la Verdad y la Reconciliación de este tipo contribuiría decisivamente a esclarecer los sucesos, a menudo reprimidos e instrumentalizados políticamente, en el Donbás entre 2014 y 2022. Su objetivo no sería la sanción penal, sino el establecimiento de la verdad histórica, el reconocimiento del sufrimiento padecido y el fomento del entendimiento social de los hechos. Mediante la inclusión de expertos internacionales, se podría garantizar que sus resultados sean reconocidos como creíbles y legítimos, tanto dentro de Rusia como a nivel Internacional.
A largo plazo, una Comisión semejante no solo podría contribuir a la reconciliación entre los grupos de población afectados en el Donbás, sino también servir como modelo para una Comisión de Paz más amplia que, tras el final del conflicto entre Rusia y Ucrania, pudiera fomentar el acercamiento y la reconciliación entre ambos países.
Ante las relaciones bilaterales actualmente marcadas por la desconfianza y la hostilidad, una investigación, independiente y basada en hechos, de la historia del conflicto en el Donbás podría ofrecer una base para el diálogo, para el reconocimiento de la responsabilidad y para el establecimiento de una verdad histórica común a todo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Una investigación transparente e imparcial en el Donbás contribuiría así de forma importante, tanto institucional como normativa, a una paz duradera y, al mismo tiempo, fomentaría el desarrollo de una cultura política que anteponga la verdad y responsabilidad Histórica, a las narrativas nacionales.
El artículo se publicó con el mismo título el 29 de octubre de 2025 en NachDenkSeiten. Agradecemos cordialmente a la autora y a la redacción de NachDenkSeiten su amable permiso para su publicación.
Sobre la autora: Clivia von Dewitz es jueza y obtuvo su habilitación en 2024 en la Universidad de Bremen en Justicia Restaurativa. En 2005 se doctoró sobre la ideología nacionalsocialista y el Derecho Penal (§§ 86, 86a y 130 Código Penal alemán) y en 1997 realizó unas prácticas en la Comisión de la Verdad sudafricana y ha publicado conclusiones sobre el “tratamiento de el pasado régimen de apartheid. Su libro «Gerechtigkeit durch Wiedergutmachung. Zur südafrikanischen Wahrheitskommission und deren Übertragbarkeit auf den Ukraine-Konflikt» (“Justicia mediante reparación. Sobre la Comisión de la Verdad sudafricana y su transferibilidad al conflicto de Ucrania”) se publicó en febrero de 2024, por la editorial Westend Verlag.